Venezuela no había sido país receptor de ayuda humanitaria, ni se encuentra entre los principales receptores, de hecho, era país contribuyente, especialmente para garantizar la seguridad alimentaria a través del Programa Mundial de Alimentos.
El crecimiento exponencial de este financiamiento se dispara propiamente en el año 2018 cuándo se exacerban las sanciones contra Venezuela con el fin de acelerar el colapso económico necesario para que la Comunidad Internacional representada en Luis Almagro desde la OEA, comenzara a pedir la aplicación del Principio R2P o la Responsabilidad de Proteger a los venezolanos de una crisis humanitaria causada por el hombre, refiriéndose a Nicolas Maduro. Principio que solo se ha aplicado a Libia.
Un relato que comenzó a cocinarse de la mano del Comando Sur en 2015, luego en la Asamblea Nacional opositora al Gobierno Nacional en 2016, y finalmente en 2017, EE. UU. intentaba en Naciones Unidas, imponer la necesidad de una “intervención humanitaria” en Venezuela para “la restauración de la democracia…” con el fin de proteger los derechos humanos en Venezuela.
Derechos humanos que, por su parte Estados Unidos vulneraba unilateralmente, aumentando en 116 % las sanciones impuestas al país, al mismo tiempo que hacía corridas para financiar una ayuda humanitaria que aumentó en más de 1000 % entre 2017 – 2018 y con ello, la proliferación de entes receptores para la captación de recursos financieros humanitarios, sobre todo, después del intento de imponer un presidente interino en Venezuela a través de la figura de Juan Guaidó en 2019.
Esto quiere decir que en nombre de Venezuela se destinó alrededor de 1.540 millones de dólares de ayuda humanitaria reportada[1] entre 2018 y 2023, en comparación con los 25 millones dólares entre 2000 y 2017.
Para ser más específico, entre el año 2000 y 2017, el financiamiento humanitario dirigido a Venezuela, para principalmente atender a la población colombiana, corresponde al 2 % en 17 años, comparado con el 98 % que se ha destinado desde 2018 – 2023 (5 años) evidenciando una estrecha relación del incremento de este flujo financiero con las sanciones impuestas en el país (Ver gráfica 1).
Por lo tanto, son las 930 Medidas Coercitivas Unilaterales (2023) impuestas principalmente por parte de EE. UU. que aplica el 58 % de estas sobre Venezuela, aunque también lo hace de forma directa Unión Europea, Canadá, Panamá, Suiza y Reino Unido, las que no solo vulneraron los derechos humanos de los venezolanos, también dispararon el financiamiento humanitario destinado a “paliar” el sufrimiento infligido al pueblo venezolano por causa de sus sanciones para imponer un cambio de régimen en el país y alcanzar sus objetivos estratégicos.
[1] (OCHA Services/Financial Tracking Service (FTS), 2024) https://fts.unocha.org/global-sectors/overview
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